¿Por el campo y con la patria?

SURda

Notas

Opinión

Gabriel Oyhantçabal

Tasa ganancia agro después renta (Uy), tasa renta del suelo (Uy) y tasa real bonos tesoro Estados Unidos, 1955-2015

"En la plataforma de este “neo-ruralismo” encontramos mezclados reclamos típicamente empresariales (baja de impuestos, tarifas y salarios) con demandas de los terratenientes (reducción de impuestos a la propiedad del suelo)."

Si una virtud tiene la reciente movilización de productores agropecuarios agrupados bajo la consigna “Por el campo y con la patria” es que permite evidenciar una serie de rasgos de la economía y la estructura de clases de Uruguay sobre los que es interesante volver a echar luz.

Para empezar, “el campo” no existe como categoría social. Esto a pesar de que los propietarios rurales sistemáticamente intenten llenarlo de sus intereses. Muy por el contrario, en “el campo” existen clases sociales con diversos intereses y, por si fuera poco, luchan.

No hay que ser muy perspicaz. La plataforma reivindicativa de los “productores alzados” delimita muy claramente su perfil: recortar salarios, bajar el costo del Estado (servicios públicos, políticas sociales) y garantizar la apropiación privada de la renta del suelo y sus ganancias.

Por eso si por “campo” queremos referir no a un paisaje o territorio, sino a los sujetos sociales que en él producen y/o habitan, habría que empezar por reconocer el rico entramado de clases que lo conforman, que se resiste a ser encasillado en la imagen “campo somos todos”.

El punto de partida son las tres formas principales del ingreso en las sociedades capitalistas: renta del suelo, ganancias y salarios, y cuyas personificaciones expresan a sujetos con intereses bien diferentes: terratenientes, capitalistas y asalariados, respectivamente. Repasemos un poco de economía política. En cualquier actividad el trabajador (el verdadero productor ) primero genera un valor, el salario, con el que repone su capacidad de trabajar, y luego un plus-valor (trabajo excedente) que se reparte bajo la forma de ganancia media para capitalistas y renta del suelo para terratenientes. En este sentido la renta representa una pérdida para la clase capitalista, que debe ceder esta porción del excedente a un sujeto que no cumple ningún rol en la producción pero que reclama su remuneración dado el carácter finito, monopolizable y heterogéneo del suelo.

Es más, no sólo hay un conflicto terratenientes/capitalistas que se expresa en el precio de arrendamiento del suelo, sino que la lógica de sus respectivos “negocios” son bien diferentes. Mientras el capitalista espera una ganancia media que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento del capital adelantado, el terrateniente se comporta con una lógica “financiera”, según la cual la compra de tierras es como la compra de bonos del tesoro u otros activos similares, y cuya referencia de rentabilidad es una tasa de interés que suele oscilar entre el 3 y el 5 por ciento (véase gráfico para los últimos 60 años).

El problema es que en la realidad concreta las cosas siempre aparecen más entreveradas, con sujetos en los que se superponen las personificaciones . Capitalistas que son al mismo tiempo terratenientes. Pequeños capitalistas que no tienen escala para competir con los capitales medios, pero que siguen en la producción recibiendo una remuneración equivalente al interés por su capital invertido. Productores familiares-mercantiles que controlan un pequeño capital y cuya remuneración es equivalente a un salario que repone el gasto de la fuerza de trabajo familiar, y que en muchos casos son a su vez pequeños terratenientes. E incluso asalariados que tienen un pequeño capital en la producción (por ejemplo, cría de ganado) que oficia de complemento salarial.

Por eso en la plataforma reivindicativa de este “neo-ruralismo” encontramos mezclados reclamos típicamente empresariales (baja de impuestos, tarifas y salarios) con demandas de los terratenientes (reducción de impuestos a la propiedad del suelo). Es más, parecería tratarse de una movilización encabezada fundamentalmente por pequeños capitalistas agrarios que en muchos casos son simultáneamente terratenientes, y no por los grandes capitales del campo (forestales, sojeros, estancieros).

Este doble carácter de clase seguramente esté explicando por qué no apuntan sus baterías contra el costo del arrendamiento, cuando la renta bruta estimada con precios de mercado ponderados representó en promedio 38 por ciento del Pbi agropecuario entre 2000 y 2016. Sin embargo, también es posible sugerir una hipótesis más de fondo: no pueden cuestionar la renta del suelo porque de hacerlo estarían cuestionando la sacrosanta propiedad privada.

En segundo lugar, tampoco los productores son la clase más numerosa del “campo”. Con base en distintas fuentes (Encuesta Continua de Hogares, Censo Agropecuario, Registro de Productores Familiares), se puede estimar que mientras los asalariados agrarios oscilan entre 70 mil y 80 mil, los productores familiares-mercantiles agrupan unos 23 mil establecimientos y a cerca de 40 mil trabajadores (incluyendo titular y familiares), y los empresarios-patrones (de todos los tamaños) son alrededor de 15 mil. Algo es evidente: el poder fáctico y la capacidad para amplificar intereses, mediática y políticamente, no se relaciona con el tamaño de la clase, sino con la cantidad de hectáreas y la magnitud absoluta del capital.

CICLOS RECURRENTES. Por último, esta nueva crisis de la “clase media rural”, como gustan llamarse, no es el resultado de la voracidad fiscal y demagógica de un “gobierno populista”. Por el contrario, es más bien un síntoma de una enfermedad provocada por un virus que se llama capitalismo, su rasgo fundamental es la competencia a muerte entre capitalistas (la “destrucción creativa”) que provoca ineluctablemente concentración y centralización. Para colmo de males este virus tiene una cepa sudamericana más agresiva, que incluye ciclos recurrentes de abaratamiento del dólar (“atraso cambiario”, en la jerga más corriente), lo que acelera la destrucción de los segmentos más ineficientes del empresariado rural.

Sucedió durante el control de cambio de Luis Batlle Berres, con el atraso cambiario en tiempos neoliberales, e incluso durante la última dictadura, que difícilmente alguien pueda acusar de comunista. Y vale recordar que el “ruralismo” de Chicotazo y el movimiento Rentabilidad o Muerte de fines de los noventa fueron hijos de esos procesos.

Es que el abaratamiento del dólar es la forma predilecta que ha adoptado en Uruguay la distribución de renta agraria del suelo, beneficiando a aquellos que operan con mercancías importadas y compran divisas para obtener poder de compra internacional. Con la renta en expansión se puede sostener un dólar barato, pero cuando se retrae empieza un ajuste que en su repertorio más corriente incluye incremento del endeudamiento público y privado, exoneración de impuestos y congelación salarial, que amortiguan pero no detienen la crisis.

No debería sorprender entonces que ante un nuevo ciclo de abaratamiento del dólar, pero ahora ya sin los superprecios de hace una década, reflote la movilización de este sector social. Por eso es que, a pesar de las apariencias, el problema no es una presión fiscal en torno al 7 por ciento del Pbi agropecuario, y que no difiere de otras ramas de la economía (véase “El agro en Uruguay. Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”, de Martín Sanguinetti y quien esto escribe 1 ), ni el precio del gasoil ni los “súper salarios” de 20 mil pesos, aunque, dado el carácter de clase del conflicto, es hacia donde instintivamente arremeten en su plataforma.

En el fondo nuestros pequeños capitalistas agrarios sueñan con una quimera: un capitalismo liberal que no liquide a los más ineficientes. Por eso el actual conflicto no es más que un nuevo grito de un sujeto social impotente para sobrevivir a las leyes leoninas de la competencia, pero que resiste porque existe propiedad privada del suelo y limitaciones biológicas al avance tecnológico en el agro.

En definitiva, lo que está en juego es cómo se procesa el ajuste de una economía que ya no puede sostener el mismo “pacto distributivo” que, hace una década – boom de los commodities y crédito barato mediante–, hizo posible la primavera progresista. La reducción-exoneración de impuestos y el abaratamiento de la energía y la fuerza de trabajo sólo trasladarán el ajuste hacia otros sectores de la sociedad. A su vez, la devaluación del peso encarecerá el costo del endeudamiento en un contexto de déficit fiscal permanente, factor que en nuestra historia reciente siempre se ha resuelto avanzando sobre el ingreso de los trabajadores.

Lo atractivo es observar que ella, la lucha de clases, siempre vuelve.

*    Ingeniero agrónomo. Trabajador de la Udelar. Integrante del comité editorial del portal de debates Hemisferio Izquierdo.

1. En Problemas del desarrollo . Volumen 48, Edición 189, Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado por Elsevier España, 2017. Disponible en ScienceDirect.

Si una virtud tiene la reciente movilización de productores agropecuarios agrupados bajo la consigna “Por el campo y con la patria” es que permite evidenciar una serie de rasgos de la economía y la estructura de clases de Uruguay sobre los que es interesante volver a echar luz.

Para empezar, “el campo” no existe como categoría social. Esto a pesar de que los propietarios rurales sistemáticamente intenten llenarlo de sus intereses. Muy por el contrario, en “el campo” existen clases sociales con diversos intereses y, por si fuera poco, luchan.

No hay que ser muy perspicaz. La plataforma reivindicativa de los “productores alzados” delimita muy claramente su perfil: recortar salarios, bajar el costo del Estado (servicios públicos, políticas sociales) y garantizar la apropiación privada de la renta del suelo y sus ganancias.

Por eso si por “campo” queremos referir no a un paisaje o territorio, sino a los sujetos sociales que en él producen y/o habitan, habría que empezar por reconocer el rico entramado de clases que lo conforman, que se resiste a ser encasillado en la imagen “campo somos todos”.

El punto de partida son las tres formas principales del ingreso en las sociedades capitalistas: renta del suelo, ganancias y salarios, y cuyas personificaciones expresan a sujetos con intereses bien diferentes: terratenientes, capitalistas y asalariados, respectivamente. Repasemos un poco de economía política. En cualquier actividad el trabajador (el verdadero productor ) primero genera un valor, el salario, con el que repone su capacidad de trabajar, y luego un plus-valor (trabajo excedente) que se reparte bajo la forma de ganancia media para capitalistas y renta del suelo para terratenientes. En este sentido la renta representa una pérdida para la clase capitalista, que debe ceder esta porción del excedente a un sujeto que no cumple ningún rol en la producción pero que reclama su remuneración dado el carácter finito, monopolizable y heterogéneo del suelo.

Es más, no sólo hay un conflicto terratenientes/capitalistas que se expresa en el precio de arrendamiento del suelo, sino que la lógica de sus respectivos “negocios” son bien diferentes. Mientras el capitalista espera una ganancia media que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento del capital adelantado, el terrateniente se comporta con una lógica “financiera”, según la cual la compra de tierras es como la compra de bonos del tesoro u otros activos similares, y cuya referencia de rentabilidad es una tasa de interés que suele oscilar entre el 3 y el 5 por ciento (véase gráfico para los últimos 60 años).

El problema es que en la realidad concreta las cosas siempre aparecen más entreveradas, con sujetos en los que se superponen las personificaciones . Capitalistas que son al mismo tiempo terratenientes. Pequeños capitalistas que no tienen escala para competir con los capitales medios, pero que siguen en la producción recibiendo una remuneración equivalente al interés por su capital invertido. Productores familiares-mercantiles que controlan un pequeño capital y cuya remuneración es equivalente a un salario que repone el gasto de la fuerza de trabajo familiar, y que en muchos casos son a su vez pequeños terratenientes. E incluso asalariados que tienen un pequeño capital en la producción (por ejemplo, cría de ganado) que oficia de complemento salarial.

Por eso en la plataforma reivindicativa de este “neo-ruralismo” encontramos mezclados reclamos típicamente empresariales (baja de impuestos, tarifas y salarios) con demandas de los terratenientes (reducción de impuestos a la propiedad del suelo). Es más, parecería tratarse de una movilización encabezada fundamentalmente por pequeños capitalistas agrarios que en muchos casos son simultáneamente terratenientes, y no por los grandes capitales del campo (forestales, sojeros, estancieros).

Este doble carácter de clase seguramente esté explicando por qué no apuntan sus baterías contra el costo del arrendamiento, cuando la renta bruta estimada con precios de mercado ponderados representó en promedio 38 por ciento del Pbi agropecuario entre 2000 y 2016. Sin embargo, también es posible sugerir una hipótesis más de fondo: no pueden cuestionar la renta del suelo porque de hacerlo estarían cuestionando la sacrosanta propiedad privada.

En segundo lugar, tampoco los productores son la clase más numerosa del “campo”. Con base en distintas fuentes (Encuesta Continua de Hogares, Censo Agropecuario, Registro de Productores Familiares), se puede estimar que mientras los asalariados agrarios oscilan entre 70 mil y 80 mil, los productores familiares-mercantiles agrupan unos 23 mil establecimientos y a cerca de 40 mil trabajadores (incluyendo titular y familiares), y los empresarios-patrones (de todos los tamaños) son alrededor de 15 mil. Algo es evidente: el poder fáctico y la capacidad para amplificar intereses, mediática y políticamente, no se relaciona con el tamaño de la clase, sino con la cantidad de hectáreas y la magnitud absoluta del capital.

CICLOS RECURRENTES. Por último, esta nueva crisis de la “clase media rural”, como gustan llamarse, no es el resultado de la voracidad fiscal y demagógica de un “gobierno populista”. Por el contrario, es más bien un síntoma de una enfermedad provocada por un virus que se llama capitalismo, su rasgo fundamental es la competencia a muerte entre capitalistas (la “destrucción creativa”) que provoca ineluctablemente concentración y centralización. Para colmo de males este virus tiene una cepa sudamericana más agresiva, que incluye ciclos recurrentes de abaratamiento del dólar (“atraso cambiario”, en la jerga más corriente), lo que acelera la destrucción de los segmentos más ineficientes del empresariado rural.

Sucedió durante el control de cambio de Luis Batlle Berres, con el atraso cambiario en tiempos neoliberales, e incluso durante la última dictadura, que difícilmente alguien pueda acusar de comunista. Y vale recordar que el “ruralismo” de Chicotazo y el movimiento Rentabilidad o Muerte de fines de los noventa fueron hijos de esos procesos.

Es que el abaratamiento del dólar es la forma predilecta que ha adoptado en Uruguay la distribución de renta agraria del suelo, beneficiando a aquellos que operan con mercancías importadas y compran divisas para obtener poder de compra internacional. Con la renta en expansión se puede sostener un dólar barato, pero cuando se retrae empieza un ajuste que en su repertorio más corriente incluye incremento del endeudamiento público y privado, exoneración de impuestos y congelación salarial, que amortiguan pero no detienen la crisis.

No debería sorprender entonces que ante un nuevo ciclo de abaratamiento del dólar, pero ahora ya sin los superprecios de hace una década, reflote la movilización de este sector social. Por eso es que, a pesar de las apariencias, el problema no es una presión fiscal en torno al 7 por ciento del Pbi agropecuario, y que no difiere de otras ramas de la economía (véase “El agro en Uruguay. Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias”, de Martín Sanguinetti y quien esto escribe 1 ), ni el precio del gasoil ni los “súper salarios” de 20 mil pesos, aunque, dado el carácter de clase del conflicto, es hacia donde instintivamente arremeten en su plataforma.

En el fondo nuestros pequeños capitalistas agrarios sueñan con una quimera: un capitalismo liberal que no liquide a los más ineficientes. Por eso el actual conflicto no es más que un nuevo grito de un sujeto social impotente para sobrevivir a las leyes leoninas de la competencia, pero que resiste porque existe propiedad privada del suelo y limitaciones biológicas al avance tecnológico en el agro.

En definitiva, lo que está en juego es cómo se procesa el ajuste de una economía que ya no puede sostener el mismo “pacto distributivo” que, hace una década – boom de los commodities y crédito barato mediante–, hizo posible la primavera progresista. La reducción-exoneración de impuestos y el abaratamiento de la energía y la fuerza de trabajo sólo trasladarán el ajuste hacia otros sectores de la sociedad. A su vez, la devaluación del peso encarecerá el costo del endeudamiento en un contexto de déficit fiscal permanente, factor que en nuestra historia reciente siempre se ha resuelto avanzando sobre el ingreso de los trabajadores.

Lo atractivo es observar que ella, la lucha de clases, siempre vuelve.

*    Ingeniero agrónomo. Trabajador de la Udelar. Integrante del comité editorial del portal de debates Hemisferio Izquierdo.

1. En Problemas del desarrollo . Volumen 48, Edición 189, Universidad Nacional Autónoma de México. Publicado por Elsevier España, 2017. Disponible en ScienceDirect.

Fuente: https://brecha.com.uy/campo-la-patria/

 

Una sociedad de base agraria. Investigación sobre el capitalismo y la renta del suelo en Uruguay

Gabriel Oyhantçabal*

 

En el siguiente artículo Rodrigo Alonso entrevista Gabriel Oyhantçabal*  sobre el trabajo de su tesis doctoral en relación al capitalismo y la renta del suelo en Uruguay** .

Hace unas cuantas décadas que en Uruguay no son comunes las reflexiones en economía política fuera de la órbita del pensamiento dominante. En el debate predominan los análisis comprometidos con la tradición de la escuela neoclásica y en menor medida aparecen formulaciones más propias de capitales rezagados, que, sin mayor impulso teórico en los últimos años, suelen beber del agua empozada del pensamiento cepalino. El trabajo de la tesis doctoral de Gabriel Oyhantçabal* intenta echar luz sobre las tendencias estructurales que definen la economía política del Uruguay, y se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio por la recomposición de un pensamiento económico crítico en nuestro país. En las siguientes líneas, presentamos una mirada sobre la acumulación de capital en Uruguay (1973-2014), tasa de ganancia, renta del suelo agraria y desvalorización de la fuerza de trabajo a través de los avances de la mencionada investigación.

Rodrigo Alonso: Una de tus principales hipótesis en la tesis es que los ciclos de la economía uruguaya dependen de los flujos de renta de la tierra. ¿Por qué?
Gabriel Oyhantçabal: Empecemos por aclarar que no es una hipótesis propia. Ya Methol Ferré en El Uruguay como problema (1967) y González Guyer en El país de los fisiócratas (1984, aunque editado en 2009), postularon en sus respectivos ensayos que el devenir del Uruguay independiente respondía a los ciclos de la renta agraria. Luego hay que destacar la línea de investigación abierta por Juan Íñigo Carrera en Argentina que ha ubicado el problema de la renta del suelo como clave para entender la acumulación de capital en América Latina, y que ha derivado en sendas investigaciones sobre Brasil, Venezuela, Ecuador y Chile.
En mi caso, la hipótesis surge de forma más empírica investigando primero el boom sojero de la última década y media, y luego cuando con Martín Sanguinetti investigamos la distribución del ingreso en el agro. Ahí la cuestión de la renta del suelo apareció en toda su relevancia, porque era (es) un ingreso extraordinario que no tiene que ver con la ganancia capitalista media. Ese fue el punto de partida de la hipótesis que me llevó a formular un proyecto de investigación para hincarle el diente al problema de la renta en los últimos 40 o 50 años, retomando una idea, que es de sentido común, que afirma que los ciclos económicos en Uruguay tienen que ver con los precios de lo que exportamos. La novedad de mi hipótesis es que interpreto esos ciclos de altos precios como renta del suelo que apropia el país, y me propongo estimar empíricamente su relevancia.
Yendo al meollo del asunto, en Uruguay no tenemos capitales que estén en la frontera tecnológica (no diseñamos ni celulares ni autos ni robots), no somos un reservorio de mano de obra barata (como México o Asia Oriental), nuestro país, así como otras economías de la región, integran la acumulación mundial de capital como vendedores de mercancías primarias, en cuyo precio está contenida la renta del suelo. Si la renta, como ya habían señalado los economistas clásicos y el propio Marx, es un ingreso extraordinario por encima de la ganancia media, entonces cuando ésta crece es posible que capitales de baja productividad, que de otra forma serían inviables, se vuelvan rentables porque apropian parte de esa renta. Esto se expresa más visiblemente como crecimiento del Pbi, de los salarios directos y de los indirectos a través del gasto público. Por el contrario, cuando la renta se achica, esos capitales empiezan a quebrar porque ya no tienen esa compensación que era la renta, y se producen ciclos de recesión o estancamiento económico, que producen crecimiento de la población obrera en condición de sobrante, lo que se manifiesta en desempleo y migración, y retracción de los salarios.

RA: ¿Cómo se distribuye ese flujo de renta?
GO: Básicamente la renta tiene dos destinos. El primero, y más conocido, es su apropiación por los dueños del suelo: los terratenientes. Y ojo que los terratenientes pueden ser al mismo tiempo capitalistas, cuando se superpone en la misma persona/empresa el dueño del capital y de la tierra. Como la tierra es finita, heterogénea y monopolizable, y para producir ciertas mercancías se precisa usar la tierra como medio de producción, sus dueños pueden exigir una parte del plusvalor social, aunque no participen del proceso de producción. El precio de arrendamiento de la tierra es la manifestación más evidente de este ingreso.
Sin embargo existe otro destino, menos estudiado y analizado, que es su apropiación por capitales no agrarios y por el Estado. El mecanismo más evidente de redistribución son los impuestos a las exportaciones (las detracciones o retenciones), que lo que hacen es afectar la ganancia de los capitales que exportan, y estos a su vez trasladan esta pérdida a la renta del suelo, básicamente porque para los terratenientes su margen de negociación es dejar de percibir renta. Otro mecanismo menos evidente, y por esto más efectivo (o menos conflictivo), es la sobrevaluación de la moneda nacional, el abaratamiento del dólar, que reduce la cantidad de pesos que apropian los capitales agrarios por cada dólar exportado. Esa pérdida de los exportadores también se compensa con renta del suelo. Si en el caso de las detracciones la renta la apropia directamente el Estado, en este caso la renta se apropia a través de la mediación cambiaria bajo la forma de “dólares baratos”. La renta que así se apropia puede tener como destinos principales: la importación de maquinaria y equipos; la remisión de ganancias al exterior; el abaratamiento del componente importado de la fuerza de trabajo (las mercancías chinas); el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa; y el consumo y/o ahorro privado en el exterior. En los primeros tres procesos los beneficiarios directos son, mayoritariamente, capitales no agrarios, que ven abaratados sus costos (tecnología y fuerza de trabajo) y que en caso de ser extranjeros multiplican sus ganancias cuando remiten utilidades.

RA: ¿O sea que, aunque no seamos muy conscientes de ello, somos una sociedad de base agraria? ¿Los flujos de renta en función de qué varían?
GO: Sí. Pero esta cualidad no surge de la pericia de gobernantes y/o capitalistas agrarios, sino de cómo se ha estructurado a lo largo del tiempo la división internacional del trabajo. De hecho ocurre más allá de la voluntad de los sujetos, como resultado de un proceso autónomo orientado a la valorización del valor. Si se quiere, es resultado de que otras economías requieren materias primas y bienes-salario que se pueden producir con alta productividad (bajo costo) en las praderas orientales. Si esa condición internacional cambia, chau pinela. Entonces ser un país de base agraria es una determinación que nos escapa, que no se puede modificar en el mediano plazo por la acción política a nivel nacional.
Con respecto a los ciclos de renta pasa lo mismo. Están determinados mundialmente, y esa determinación resulta, en términos generales, de la expansión o retracción de capitales industriales que demandan materias primas y bienes-salarios que se producen con medios de producción naturales, de la productividad media en las ramas agrarias y del desarrollo de sustitutos de las mercancías agrarias. Sin cambios en la productividad, cuando se expande la acumulación industrial es necesario incorporar nuevas tierras para producir más mercancías de base agraria, y como en general esas tierras son de menor productividad, se eleva el precio de producción, que se define en las peores tierras, incrementando la renta diferencial en el resto de las tierras. En la segunda mitad del siglo XIX esos capitales estaban en Inglaterra, y en la actualidad están en China. Por el contrario, cuando la acumulación industrial se estanca o se contrae, o los aumentos de productividad por innovación tecnológica en las ramas agrarias reducen los precios de producción, o aparecen sustitutos a las mercancías agrarias (caso de las fibras sintéticas en lugar de la lana), se ingresa en una fase de retracción de la renta.

RA: ¿Qué ocurre cuando baja el flujo de renta? ¿Hoy estamos parados en ese momento de retracción del flujo de renta?
GO: Cuando la renta se retrae, o deja de crecer, pierde significación una de las fuentes de compensación para los capitales que acumulan en Uruguay. Entonces lo que se ve, que es básicamente lo que estoy investigando y lo que ha encontrado Iñigo Carrera en el caso argentino, es que se recurren a dos nuevas fuentes de plusvalor: endeudamiento externo y desvalorización de la fuerza de trabajo. Si miramos las décadas del 70 y del 80, vemos claramente esos dos factores en casi toda la región. En Uruguay por ejemplo, entre 1971 y 1984 el salario redujo su poder de compra un 60 por ciento mientras que la deuda externa se multiplicó por ocho en dólares corrientes. Efectivamente hoy estamos de vuelta en un escenario de retracción de la renta, luego de un ciclo fuertemente expansivo. Aun tengo cifras preliminares, que seguramente subestimen el monto total, pero entre 2005 y 2011-2013 la renta agraria total se multiplica por 6,5 en moneda constante, para luego caer un 50 por ciento hacia 2016, no obstante lo cual sigue estando tres veces por encima de sus valores en 2005. Es decir, ya no estamos en un escenario de “súper-rentas”, pero aún sigue siendo superior al monto de comienzos de los dos mil. Mi hipótesis fuerte es que esta retracción parcial que está detrás del enlentecimiento del crecimiento económico registrado en los dos últimos años, explica el ajuste fiscal de 2016 y las pautas orientadas a la desindexación salarial, así como el reinicio de un ciclo de endeudamiento.

RA: Juan Iñigo Carrera plantea que de continuarse incrementando las brechas de productividad de nuestros capitales industriales respecto a los que rigen en la media mundial la situación para los sectores trabajadores de Sudamérica no es para nada auspiciosa. Les espera o bien engrosar la masa de población sobrante o la depreciación del valor de su fuerza de trabajo. En función del movimiento que describías anteriormente, ¿cuáles son las perspectivas a mediano y largo plazo para Uruguay?
GO: La clave es intentar captar las grandes tendencias, preguntarse qué puede pasar en los próximos 30 o 40 años más allá de coyunturas específicas. Si el escenario actual de “complementación conflictiva” Estados Unidos-China sigue operando dos o tres décadas más, es esperable que la trayectoria del Uruguay “virtuoso” siga dependiendo de los ciclos de alta renta, a costa eso sí de una mayor degradación de la base ecológica sobre la que se sustenta la producción agraria (lo que una parte de la izquierda ha llamado “neo-extractivismo”). Hay otro escenario, mucho menos auspicioso para la clase trabajadora, que es la retracción casi total de la renta y una salida tipo México (o Paraguay), basada en competir mundialmente como reservorios de mano de obra barata maquilando mercancías para vender en la región, y seguramente expulsando a los segmentos más calificados de la clase trabajadora.

RA: ¿Cómo responder a estas tendencias desde los que vamos a sobrar o a ver como se nos deteriora nuestra participación en el ingreso nacional?
GO: El problema, ante un escenario de ajuste regresivo, es cómo se procesa su distribución, quién paga los costos, y eso es lucha de clases, que no es una construcción ideológica izquierdista, sino un proceso real, material. Lamentablemente sólo tengo intuiciones generales para responder la pregunta, aunque tiendo a pensar que es necesario por un lado, planificar e invertir racionalmente los excedentes bajo apropiación nacional, y por otro, ampliar la escala de la acción política al menos a nivel sudamericano. Obviamente que ambas estrategias exigen, guste o no, abordar el problema del rol social del Estado y su control.

RA: Parece que lo que sobra acá no es parte de la población, sino una modalidad determinada de relaciones sociales a superar…
GO: Totalmente. El horizonte histórico para los trabajadores sigue siendo sustituir al valor, y a su forma superior, el capital, como mediación indirecta de los trabajos privados, por un tipo de relaciones entre individuos libremente asociados, que directamente organicen la reproducción de sus vidas. Por mucho que le pese a los liberales, el problema del socialismo vuelve a presentarse como una necesidad histórica.

* Gabriel Oyhantçabal es ingeniero agrónomo, doctorando en Estudios Latinoamericanos por la Unam (México), docente del Servicio Central de Extensión y de la Facultad de Agronomía de la Udelar y miembro del omité editorial de Hemisferio Izquierdo.

 

RENTABILIDAD O MUERTE”, (el conflicto del “agro”, algunas consideraciones).

Andres Figari Neves

1) Eso que se ha dado a llamar “el campo” o “el agro” no es un todo homogéneo del punto de vista económico o social. El universo de los “productores rurales” abarca desde el propietario de 20.000 hectáreas que vive en la Capital, hasta el que se “conchaba pa hacerse de un peso”. Es un mundo que lo integra el que arrienda miles de hectáreas para sembrar soja, como el que arrienda 10 para cultivar zapallos, pasando por el que tiene 300 vacas en un tambo modelo de su propiedad, como al que ordeña 5 vacas abajo de un galpón de lata y vende leche en el pueblo o pastorea sus vaquitas al costado del camino. Las producciones son tan variadas como las tradicionales carne, lana, leche, arroz y cereales hasta las novedosas, eucaliptus, arándanos, olivos.

2) Pero más allá de todas esas diferencias y de tantas otras que se podrían citar, ese “mundo” tiene algo en común que lo constituye en distinto: existe fuera de la ciudad y muy especialmente de “la Capital”. Quien vive en ese mundo, se vive como diferente y casi simultáneamente en contradicción con los “maturrangos” de la ciudad. Esta situación genera una “subjetividad” común que no se debería desconocer a la hora de entender el comportamiento colectivo de esa parte de la población más allá de las diferencias objetivas que puedan existir entre las situaciones económico-sociales y/o los intereses económicos del grupo. Aunque el hombre de la ciudad no logre comprenderlo, suele haber una mayor afinidad-simpatía entre los que viven en ese mundo, que entre los de igual jerarquía social de medios diferentes.

3) Es bastante obvio que existe un abismo entre la rentabilidad de un Bordaberry cabañero y criador de hereford y la de un chacarero de Canelones o entre los sojeros del litoral con los mini tamberos y que por lo tanto no todas responden a las mismas causas y por ende no todos sus reclamos son igualmente justos o atendibles. Pero más allá de todas esas diferencias y de lo más o menos justas (o sensatas) que resulten sus reivindicaciones, se debería de interpretar este incipiente movimiento como una señal de alarma de algo que no funciona ya sea porque no se hizo bien, ya sea porque no ha sido bien recibido por parte de los supuestos beneficiarios.

4) El actual modelo productivo basado en la exportación de comodities cuyos precios dependen del mercado mundial y que suponen cuantiosas inversiones para obtener una rentabilidad que resulte satisfactoria, no solo no está al alcance de la inmensa mayoría de los productores rurales, sino que supone el sistemático desplazamiento por encarecimiento de costos de los de menores recursos. Uno de los mayores costos y de los que menos se habla es el precio de la tierra. Ya sea para comprarla ya sea para obtenerla en arrendamiento, el precio de la tierra presiona los costos al alza y expulsa al que “con lo suyo” no puede pagarla. La paradoja del éxito del agro negocio es ese: cuanto mejor funciona, más se encarece la tierra y consecuentemente, más difícil resulta mantenerse en carrera. Cada paso que se gana en productividad (en pos de una mayor ganancia), es un paso que se retrocede en la rentabilidad relativa, (inversión vs ganancia neta) lo que a su vez exige más inversión y así sucesivamente. Profundizar el modelo del “agro negocio” sin provocar las consecuencias que lo son propias, es tan inútil como imposible. Lo curioso es que los “productores” no suelen ver el costo de la tierra como un factor sobre el que se debería protestar a diferencia de lo que ocurre con las tarifas públicas o los impuestos. Ya sea porque la posee en propiedad, ya sea porque los arrendamientos son “cosa del mercado” y no hay nadie al que reclamar, se asume como natural y si los números no cierran. la culpa es del gobierno. Que todos exijan menos impuestos y ninguno “tierra para trabajar” es indicativo de la clase cuya visión orienta el conflicto.
a.f.n 19/01/18